Cuando el suicidio da cuenta de un estado ausente.

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El Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Mendoza analiza el suicidio del joven XX de 17 años que estaba bajo la tutela del Estado, internado en el Sector D del ex Cose, cuyo problema principal era el consumo problemático de sustancias.

La pregunta obligada en este caso paradigmático es:

1. El ex Cose ¿es el lugar adecuado para el abordaje y tratamiento de pibes que tienen consumo problemático de sustancias?
2. ¿Cuáles son las instituciones de salud mental que tienen que dar respuesta a estas situaciones de acuerdo a la nueva ley de salud mental? Y ¿Qué servicio están pudiendo desarrollar actualmente?
3. ¿Qué ha pasado con los convenios y becas que se otorgaban en la provincia para los tratamientos de jóvenes que atraviesan esta problemática?
4. ¿Qué ha sucedido con la Defensoría de niños, niñas y adolescentes que cumplía funciones en la DINAF?
5. ¿Por qué no existe un espacio interministerial integrado por funcionarios con cargo de subsecretarios o ministros, que trabajen en el diseño, planificación y ejecución de programas y servicios para niños, niñas y adolescentes y sus familias en lo referido a prevención y asistencia a la salud en general y a la salud mental en particular?
6. ¿Por qué el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, organismo creado por ley provincial de niñez y adolescencia en 1995, a cargo de proponer las políticas provinciales de Niñez, e integrado intersectorialmente, no se reúne desde octubre de 2016, cuando hay situaciones vinculadas a la niñez y adolescencia que así lo ameritan?

Estos interrogantes dan cuenta del fracaso de un sistema en la provincia (donde están implicados el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y que muestra la ausencia del Estado, ya que en el caso particular de ese joven, se le dio una respuesta penal a quien necesitaba una respuesta del Sistema de Salud Mental en particular.
Quienes trabajan en los Sistemas de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, vienen observando un deterioro creciente en las condiciones de existencia de los chicos cuyas vidas están vinculadas a los servicios sociales, jurídicos y administrativos del Estado.

Y si bien esta situación no es nueva, desde la sanción de la Legislación de protección de derechos se habían creado en la provincia varias propuestas que actualmente se encuentran sin continuidad por ejemplo:
La interministerial de Niñez y Adolescencia
El proyecto legislativo para la protección de derechos elaborado por actores sociales de varios espacios e integrantes de la Bicameral de Niñez en 2015
La Defensoría de DINAF
Espacios barriales y becas de internación que se habían iniciado en la provincia con financiamiento del SEDRONAR destinado a abordar el consumo problemático de sustancias.

Esta ausencia de políticas de estado están directamente asociadas a las voces que pretenden resolver la inseguridad con la baja de la edad de imputabilidad, dando respuestas simples y represivas a una problemática compleja, dado que los adolescentes de 14 y 15 años son en su mayoría víctimas y no victimarios de las acciones de los adultos.

Lo que resulta imprescindible es que el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil articulen políticas de inclusión social, educativas y de salud en los barrios de mayor vulnerabilidad social para prevenir la comisión de delitos, para tratar el consumo problemático de sustancias o para atender a jóvenes que se enfrentan a diferentes situaciones de violencias.

Por lo tanto, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social expresa:
Que recurrir a la ley penal y al sistema penal solamente para atender situaciones de inseguridad o internar a jóvenes en espacios donde se los priva de la libertad cuando su problema tiene que ver con la salud mental, es un atajo que puede ser tan solo una respuesta mediática, demagógica y represiva que no resuelve el problema, al contrario, lo agrava. Es preciso desarrollar nuevas políticas de protección de derechos renovados y actualizados tal como está señalado en la Ley 26061 que establece con claridad que el Estado es un actor fundamental en el cuidado y protección de sus niños y jóvenes, ya que ese el camino para lograr calidad de vida no solo en el presente sino una verdadera apuesta hacia el futuro.
Por todo lo expuesto solicitamos al Gobernador de la Provincia, a las autoridades del Poder Judicial de la Provincia y del Poder Legislativo de la Provincia convocar, de forma inmediata, a una mesa de trabajo a especialistas de niñez y adolescencia en materia penal, salud mental, consumo problemático de sustancias, como así también a los Colegios Profesionales vinculados a la temática, organismos públicos estatales y no estatales; todo con el propósito de buscas las respuestas más adecuadas.

Comisión de Niñez

CPTS Mendoza